Farm Comunitarios. 2016 Dec 30;8(4):26-33. doi: 10.5672/FC.2173-9218.(2016/Vol8).004.04

Turn back crime: medicamentos ilegales y papel del farmacéutico comunitario

Andreu-March M, Fernández-Pellicer F, Modamio P, Mariño EL.
Andreu-March M, Fernández-Pellicer F, Modamio P, Mariño EL. Turn back crime: medicamentos ilegales y papel del farmacéutico comunitario. Farm Comunitarios. 2016 Dec 30;8(4):26-33. doi: 10.5672/FC.2173-9218.(2016/Vol8).004.04
Resumen: 

El objetivo del presente trabajo fue describir y analizar la situación en España de los productos de venta ilícita, tanto medicamentos como complementos alimenticios, poniendo en conocimiento las principales acciones realizadas en los últimos meses y su contextualización a nivel mundial. Asimismo, servir de alerta sobre la magnitud del problema y la importancia del papel del farmacéutico comunitario. 

Se realizó una búsqueda de información tanto a nivel nacional como internacional y se realizó un análisis descriptivo de las Notas Informativas de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) (medicamentos ilegales, uso humano, 2015). 

Los productos de venta ilícita representan un problema grave para la salud pública que no ha parado de aumentar. En España, en 2015 se publicaron 20 notas donde se prohibió y retiró un total de 35 productos. Dichos productos estaban comercializados como complemento alimenticio y presentaban un principio activo en cantidad suficiente para conferirle legalmente la condición de medicamento. El 86% se dirigía a la disfunción eréctil. 

Para minimizar este problema, es imprescindible la colaboración internacional, siendo la última y más importante operación PANGEA VIII, en junio del 2015, implicando a 115 países. En enero del 2016 entró en vigor la Convención Medicrime, tratado internacional sobre la falsificación de productos médicos y delitos similares. Por otro lado, también es necesario concienciar a la ciudadanía y dotarla de mecanismos para identificar el riesgo potencial. Los productos adquiridos fuera de los canales legales de distribución no aseguran el cumplimiento de las normas de correcta fabricación, distribución, ni posterior conservación y carecen de la información adecuada. 

 

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